La prejubilación es la situación de un trabajador por cuenta ajena que abandona su actividad laboral antes de la edad legal de jubilación, mediante un acuerdo con su empresa, recibiendo una retribución por esta causa desde la fecha de la prejubilación hasta la fecha en que su jubilación oficial se haría efectiva. A dicho acuerdo puede llegarse con la participación y conformidad de los sindicatos y de la Administración o ser, exclusivamente, privado entre empresa y trabajador.
Mecanismo
Durante los años que le faltan al prejubilado para llegar a su jubilación efectiva, la empresa se compromete al pago de un porcentaje de sus ingresos anteriores. En dicho porcentaje se tendrán en cuenta otro tipo de subsidios que el empleado cobrará por ser dado de baja en la empresa, como la indemnización por despido y las prestaciones económicas públicas a personas en paro. Si esa jubilación se contempla como anticipada en el tiempo, al prejubilado le minorarán sus ingresos con una penalización según sus circunstancias.
Los prejubilados no causan baja en la Seguridad Social, ya que su antigua empresa sigue cotizando por ellos hasta la jubilación. Por otra parte, permanecen registrados como trabajadores en paro y en demanda de empleo.
En algunos casos, existe compromiso de la empresa para crear, a cambio, nuevos puestos de trabajo.
La prejubilación se convirtió, en la década de los ochenta del siglo XX, en un mecanismo no traumático para ajustar los excedentes de plantilla de los sectores industriales en crisis. Posteriormente, el sistema lo han utilizado grandes empresas para reducir costes, reorganizando sus estructuras y procesos, a la par que otras entidades del sector público en dificultades económicas.
Los planes de empresas públicas, o que viven procesos de reconversión, se costean a cargo de las arcas públicas. Los acuerdos en las grandes empresas, con importantes ingresos, son asumidos por ellas mismas.
El prejubilado es una figura inexistente en el ordenamiento jurídico español. No hay datos fiables sobre la cantidad de trabajadores que viven esta situación. Según la mayoría de estimaciones, su cifra estaría en algo más de 500.000 personas en España.
La palabra prejubilado no figura en el DRAE. Sí aparece prejubilación, como jubilación que se produce antes de la edad fijada por la ley.
Cronología de una norma a lo largo de varios Gobiernos
La suavización de las trabas a la prejubilación en las grandes compañías es un cambio más que Empleo introdujo en el real decreto del 21 de diciembre de 2013 y que acompaña a la obligación de cotización del salario en especie.
2 de agosto de 2011. La reforma de las pensiones aprobada por el anterior Gobierno socialista penalizaba, por primera vez, a las grandes empresas en beneficios que incluyeran a mayores de 50 años en sus ERE, obligándoles a costear sus cotizaciones, prestaciones y subsidios por desempleo.
8 de julio de 2012. El Gobierno de Mariano Rajoy aprovechó la publicación en el BOE del proyecto de ley en el que aprobó su reforma laboral de manera definitiva para cambiar la conocida como enmienda Telefónica. Así, redujo el tamaño de las empresas afectadas de 500 a 100 empleados. Y eliminó el requisito de que el ERE afectara a más de 100 trabajadores, fueran mayores de 50 años o no.
16 de marzo de 2013. El BOE publicó ese día un decreto que endurecía el acceso a la jubilación parcial y anticipada y volvía a cambiar esta norma. Limitó la penalización a aquellas empresas en las que el porcentaje de mayores de 50 años despedidos fuera mayor al porcentaje de la presencia de este colectivo de trabajadores en la plantilla. Y amplió la penalización a las grandes compañías que tuvieran pérdidas el año del ERE, pero entraran en beneficios durante dos ejercicios consecutivos “dentro del periodo comprendido entre el ejercicio económico anterior al inicio del ERE y los cuatro ejercicios económicos posteriores”.
21 de diciembre de 2013. Se excluye de costear el desempleo de los mayores despedidos a las empresas con pérdidas en España, aunque el grupo al que pertenezcan tenga beneficios fuera.
Las prejubilaciones han sido un «truco» de la crisis heredado de la reconversión industrial de los años 80. Hasta que en 2008 las empresas fueron penalizadas, la tónica fue despedir a los trabajadores de más edad, ahorrar durante dos años el coste de las indemnizaciones y pasar la factura al INEM, una fórmula «made in Spain» con importante repercusión también en las listas de desempleo. Al menos 300.000 prejubilados figuran como parados en las estadísticas cuando no lo son y cuandolas posibilidades de que vuelvan a entrar en del mercado de trabajo es, prácticamente, nula.
Ningún país de Europa sobrecarga sus estadísticas con prejubilaciones, sencillamente, porque no existe esta figura jurídica (tampoco en España). Son un «invento» que contribuye a elevar de forma ficticia las listas del desempleo y a aumentar el gasto en esta partida, de casi 30.000 millones de euros anuales.
En resumidas cuentas las prejubilaciones suponen una carga para el resto de los trabajadores que deben trabajar hasta los 67 años para poder jubilarse.Hay que distinguir entre sectores y profesiones,estoy de acuerdo con que algunas profesiones por sus riesgos o peculiaridades tengan derecho a la prejubilación pero no el sector entero,no es igual ser picador en una mina que administrativo de la misma mina,no es igual ser soldador en un astillero que barrendero del astillero,son empleos muy diferentes,igual de dignos pero con notables diferencias.
Por eso creo que habría que reformar seriamente esto de las prejubilaciones que suponen una carga para el estado y para los trabajadores que con sus cotizaciones a la seguridad social cubren las prejubilaciones de muchos privilegiados.Esta claro que no todos los españoles somos iguales y no todos tenemos los mismos derechos ni obligaciones.
Mecanismo
Durante los años que le faltan al prejubilado para llegar a su jubilación efectiva, la empresa se compromete al pago de un porcentaje de sus ingresos anteriores. En dicho porcentaje se tendrán en cuenta otro tipo de subsidios que el empleado cobrará por ser dado de baja en la empresa, como la indemnización por despido y las prestaciones económicas públicas a personas en paro. Si esa jubilación se contempla como anticipada en el tiempo, al prejubilado le minorarán sus ingresos con una penalización según sus circunstancias.
Los prejubilados no causan baja en la Seguridad Social, ya que su antigua empresa sigue cotizando por ellos hasta la jubilación. Por otra parte, permanecen registrados como trabajadores en paro y en demanda de empleo.
En algunos casos, existe compromiso de la empresa para crear, a cambio, nuevos puestos de trabajo.
Proceso de prejubilacion
Salvo algunas excepciones, el proceso de prejubilación es una fórmula automática en función de la edad del trabajador. Esta edad de referencia ha ido descendiendo en el tiempo, llegando a los 52 años en algunos casos.La prejubilación se convirtió, en la década de los ochenta del siglo XX, en un mecanismo no traumático para ajustar los excedentes de plantilla de los sectores industriales en crisis. Posteriormente, el sistema lo han utilizado grandes empresas para reducir costes, reorganizando sus estructuras y procesos, a la par que otras entidades del sector público en dificultades económicas.
Los planes de empresas públicas, o que viven procesos de reconversión, se costean a cargo de las arcas públicas. Los acuerdos en las grandes empresas, con importantes ingresos, son asumidos por ellas mismas.
El prejubilado es una figura inexistente en el ordenamiento jurídico español. No hay datos fiables sobre la cantidad de trabajadores que viven esta situación. Según la mayoría de estimaciones, su cifra estaría en algo más de 500.000 personas en España.
La palabra prejubilado no figura en el DRAE. Sí aparece prejubilación, como jubilación que se produce antes de la edad fijada por la ley.
Cronología de una norma a lo largo de varios Gobiernos
La suavización de las trabas a la prejubilación en las grandes compañías es un cambio más que Empleo introdujo en el real decreto del 21 de diciembre de 2013 y que acompaña a la obligación de cotización del salario en especie.
2 de agosto de 2011. La reforma de las pensiones aprobada por el anterior Gobierno socialista penalizaba, por primera vez, a las grandes empresas en beneficios que incluyeran a mayores de 50 años en sus ERE, obligándoles a costear sus cotizaciones, prestaciones y subsidios por desempleo.
8 de julio de 2012. El Gobierno de Mariano Rajoy aprovechó la publicación en el BOE del proyecto de ley en el que aprobó su reforma laboral de manera definitiva para cambiar la conocida como enmienda Telefónica. Así, redujo el tamaño de las empresas afectadas de 500 a 100 empleados. Y eliminó el requisito de que el ERE afectara a más de 100 trabajadores, fueran mayores de 50 años o no.
16 de marzo de 2013. El BOE publicó ese día un decreto que endurecía el acceso a la jubilación parcial y anticipada y volvía a cambiar esta norma. Limitó la penalización a aquellas empresas en las que el porcentaje de mayores de 50 años despedidos fuera mayor al porcentaje de la presencia de este colectivo de trabajadores en la plantilla. Y amplió la penalización a las grandes compañías que tuvieran pérdidas el año del ERE, pero entraran en beneficios durante dos ejercicios consecutivos “dentro del periodo comprendido entre el ejercicio económico anterior al inicio del ERE y los cuatro ejercicios económicos posteriores”.
21 de diciembre de 2013. Se excluye de costear el desempleo de los mayores despedidos a las empresas con pérdidas en España, aunque el grupo al que pertenezcan tenga beneficios fuera.
Las prejubilaciones han sido un «truco» de la crisis heredado de la reconversión industrial de los años 80. Hasta que en 2008 las empresas fueron penalizadas, la tónica fue despedir a los trabajadores de más edad, ahorrar durante dos años el coste de las indemnizaciones y pasar la factura al INEM, una fórmula «made in Spain» con importante repercusión también en las listas de desempleo. Al menos 300.000 prejubilados figuran como parados en las estadísticas cuando no lo son y cuandolas posibilidades de que vuelvan a entrar en del mercado de trabajo es, prácticamente, nula.
Ningún país de Europa sobrecarga sus estadísticas con prejubilaciones, sencillamente, porque no existe esta figura jurídica (tampoco en España). Son un «invento» que contribuye a elevar de forma ficticia las listas del desempleo y a aumentar el gasto en esta partida, de casi 30.000 millones de euros anuales.
Esta situación ha llevado a la CEOE a levantar la voz y a reclamar al Gobierno de Mariano Rajoy que depure las estadísticas y saque de ellas a estos supuestos parados, una idea que defienden también economistas y analistas como Sandalio Gómez, profesor del IESE. «Los prejubilados no están buscando empleo, ni el suyo responde a un drama familiar, como le ocurre a un parado», dice.
No es el caso de los sindicatos, partidarios de mantener el actual modelo y, por tanto, las prejubilaciones, una fórmula de extinción laboral pactada entre empresa y trabajador que «permite mitigar el impacto de los ERE», dicen. Las centrales verían en cualquier intento de cambiar la metodología una campaña para maquillar las estadísticas, según advierten fuentes sindicales a este periódico.
De «barbaridad» califica el presidente de la patronal, Juan Rosell, que las listas de paro incluyan a los prejubilados. Y es que sacarlos de las estadísticas dejaría el paro de la EPA en algo menos de 5,6 millones, frente a los casi 5,9 actuales.
¿Qué ocurre en otros países? en algunos vecinos europeos los trabajadores que son despedidos de forma temprana pasan a la jubilación o a la invalidez cuando su vuelta al mercado laboral es ya remota. Recuerdan, por ejemplo, el caso de Francia, que distingue hasta cinco tipos de paro con sus propias estadísticas. Una metodología que sitúa su desempleo en 3,2 millones sin contar a los que realizan prácticas, formación o trabajan una hora al mes. De sumar a los desempleados que reconoce el país, llegarían a 5,3 millones.En resumidas cuentas las prejubilaciones suponen una carga para el resto de los trabajadores que deben trabajar hasta los 67 años para poder jubilarse.Hay que distinguir entre sectores y profesiones,estoy de acuerdo con que algunas profesiones por sus riesgos o peculiaridades tengan derecho a la prejubilación pero no el sector entero,no es igual ser picador en una mina que administrativo de la misma mina,no es igual ser soldador en un astillero que barrendero del astillero,son empleos muy diferentes,igual de dignos pero con notables diferencias.
Por eso creo que habría que reformar seriamente esto de las prejubilaciones que suponen una carga para el estado y para los trabajadores que con sus cotizaciones a la seguridad social cubren las prejubilaciones de muchos privilegiados.Esta claro que no todos los españoles somos iguales y no todos tenemos los mismos derechos ni obligaciones.
No hay comentarios:
Publicar un comentario