PERDIENDO LA SALUD,PRIVATIZACIÓN DE LA SANIDAD

¿Qué es la privatización?

La sanidad, como todos los servicios públicos, es deficitaria por naturaleza. Al ser gratuita, no produce beneficios económicos; y al estar cada vez más tecnificada y desarrollada, es cada vez más cara. Los gobiernos, sin ingresos procedentes de la sanidad, tienen que hacer frente a un gasto sanitario (en métodos diagnósticos, tratamientos, sueldos de profesionales, etc.) cada vez mayor, ya que a su vez la población crece.
Además, la sanidad pública es una fuente de conflictos constantes para esos gobiernos. La ciudadanía protesta por su ineficacia, por las listas de espera… y los profesionales de la sanidad protestan por la escasez de personal, la precariedad de sus condiciones laborales, la masificación de sus servicios, etc.
En los últimos años, los gobiernos estatales y regionales han encontrado la manera de librarse de ambos problemas, el económico y el de la conflictividad social: ceder la gestión de la sanidad pública a empresas privadas (constructoras, bancos, multinacionales, empresas de capital riesgo, aseguradoras, etc.), pagándoles un dinero fijo que depende del tamaño de la población atendida para que se hagan cargo de la atención sanitaria de esa población. Pero las empresas, obviamente, entran en el negocio esperando obtener beneficios.
El problema es que (de momento) la sanidad pública sigue siendo gratuita, no genera beneficios, por lo que las empresas sólo tienen una forma de ganar dinero: ahorrar parte del dinero que reciben de los gobiernos.

Es entonces cuando las empresas comienzan a incentivar al personal sanitario para que solicite menos pruebas diagnósticas a sus pacientes, para que les prescriba tratamientos más baratos, para que reduzca la duración de sus bajas laborales, para que envíen menos pacientes al hospital, para que los pacientes permanezcan menos tiempo hospitalizados, para se hagan menos revisiones,…etc. Es entonces cuando, para que las empresas aumenten sus cuentas de beneficios, la calidad de la atención que recibimos los ciudadanos empeora.
Y es por eso que las empresas contratan a menos personal de limpieza, a menos personal administrativo y de informática, prescinden de celadores y auxiliares, disminuyen la contratación de enfermeras y médicos, y precarizan al máximo las condiciones laborales de los trabajadores de la sanidad.
Los gobiernos se quitan un problema de encima privatizando la sanidad. Empresas sumidas en la crisis global reflotan gracias a su entrada en un mercado inagotable (todo el mundo es potencialmente cliente de su negocio porque todo el mundo necesita la sanidad en algún momento). El dinero entra a espuertas en los despachos de las grandes multinacionales. Pero los usuarios de la sanidad vemos cómo cada vez hay menos personal sanitario, como la atención que se nos brinda es peor, cómo tenemos que esperar mas, cómo se nos racanean pruebas, tratamientos, días de estancia en el hospital, cómo cada vez conocemos menos a nuestros terapeutas porque éstos cambian de puesto, desaparecen, son trasladados a otros servicios, etc.

Asistimos a un momento histórico, en el que el derecho a la atención sanitaria universal, gratuita, y en igualdad de condiciones, que conquistaron nuestros antepasados, está siéndonos arrebatado para engordar las cuentas de resultados de un puñado de empresarios.

¿En qué consiste la privatización de la sanidad pública?

Desde hace algunos años estamos asistiendo, como espectadores pasivos, a una serie de hechos relacionados con la sanidad publica y que ahora están teniendo explicación en la privatización de los servicios sanitarios.
La sanidad como servicio publico es deficitario económicamente, entre otros motivos por sustentarse sobre la equidad y la solidaridad, pero por otro lado como tiene por definición un carácter universal (es para todos), es objeto de deseo por parte de políticos y empresarios que ven en ella una fuente inagotable de ingresos (todo el mundo necesitará asistencia sanitaria en algún momento).
Todos nosotros en algún momento hemos calificado de ineficaces los servicios sanitarios, basándonos principalmente en su lentitud y en las largas listas de espera que hay como consecuencia de esta lentitud. Como solución a este problema los profesionales han propuesto el aumento de las plantillas y de las estructuras, pero dado su alto coste económico las autoridades nos han dado como solución la cesión a sectores privados de aquellos servicios sanitarios mas rentables (radiología, cirugía de corta estancia...). Esto tiene un coste a medio y largo plazo, muy superior, como se ha comprobado en otros países.

Actualmente en España se esta produciendo la privatización progresiva de los servicios sanitarios, que ha comenzado por los nuevos hospitales. La propiedad y gestión de éstos nuevos hospitales es privada, y todos los españoles los alquilaremos por un periodo que puede llegar a  30 años, pagando un precio muy superior al que ha supuesto su construcción.(Nuevo hospital de Vigo,Nuevos hospitales de Madrid y otras comunidades.)
Las empresas propietarias de éstos hospitales cuyo alquiler se paga con nuestros impuestos esperan obtener unos beneficios que oscilan entre el 15 y el 25 % de lo invertido.
Se ha abierto la veda y el gran negocio de la salud ya esta en marcha. Con nuestro dinero y sobre todo con nuestra salud, algunos intentan conseguir grandes beneficios económicos, y si no hacemos nada lo van a conseguir.
La protección de la salud es un derecho, y es nuestro deber defender su universalidad, equidad, y solidaridad.

El camino hacia la privatización

La venta de un servicio público esencial como la sanidad a manos privadas, conquista de la lucha de los trabajadores y trabajadoras, es el resultado de un proceso largo de deterioro consentido por los diferentes gobiernos del PP y del PSOE y que responde al objetivo de la empresa privada de hacerse con un negocio sin riesgos: financiación pública y beneficio privado.
¿POR QUÉ Y CÓMO SE PRIVATIZA UN SERVICIO PÚBLICO DE SALUD?
La privatización de la gestión de los centros sanitarios, cualquiera que sea la modalidad empleada implica la búsqueda prioritaria de beneficios, sin control de calidad público alguno, ya que la evaluación de la gestión también está en manos privadas.

El mecanismo es, desgraciadamente, bien conocido ya:
- Devaluar y evitar la atención debida a quienes generan mayor gasto: personas mayores con patologías múltiples, enfermos crónicos y en general personas sin recursos que acumulan todo tipo de necesidades.
- Ejercer presión o incentivar económicamente, sobre todo a los médicos para que disminuyan la indicación de ingresos, den altas rápidas, soliciten menos pruebas diagnósticas, etc.
- Reducir plantillas de trabajadores sanitarios y no sanitarios, y precarizar sus relaciones laborales.
Las consecuencias están aseguradas. El ahorro en personal y recursos, único mecanismo que garantiza el negocio privado, redunda en descensos brutales de la calidad y el correspondiente aumento de la mortalidad hospitalaria, en la disminución del diagnóstico precoz y, en general, en un deterioro inaceptable de la calidad de la atención de todas las personas.
Por desgracia, todo este enorme proceso de privatización que afecta todos los nuevos hospitales  y que se está extendiendo a toda la sanidad , es perfectamente legal. Si no fuera así, podríamos denunciarlo ante los Tribunales.

Las verdaderas cuentas del Nuevo Hospital de Vigo

Iba a ser público y su coste total de 590 millones de euros, frente a 68 millones (+IVA) durante 20 años (1400 millones) que supondrán con el proyecto PFI del gobierno actual, un coste total de 1800 millones para el erario público gallego al añadir el dinero que la Xunta dejará de ingresar debido a la concesión a la UTE privada del parking y otros servicios adyacentes, además del coste extra del laboratorio, que se externalizará (teniendo en cuenta lo que ha sucedido en Madrid con el exconsejero Güemes, es fácil suponer la causa de esta “amputación”).
Estas cuentas se quedarán cortas, ya que no incluyen las nuevas exigencias económicas de la UTE concesionaria, que tendrá una posición estratégica para presionar sobre el gobierno gallego, como ya ha sucedido en Madrid con Esperanza Aguirre, que aprueba 80 millones de sobrecoste y 9 millones/año de incremento en el canon, condiciones impuestas por las UTEs menos de 5 años después de la concesión.

A esto hay que añadir el préstamo solicitado por la Xunta al Banco Europeo de Inversiones (BEI) que computarán como deuda, 180 millones de euros de dinero público para construir con ¿financiación privada? el nuevo hospital “recortado” aunque el canon siga igual.
Además la Xunta deberá seguir pagando los 72 millones/año a Povisa (probablemente se actualizarán) más el gasto farmacéutico, que no está incluido, unos 85 millones/año y un total de 1700 millones de euros en 20 años, que podrían ahorrarse con la construcción del gran hospital público como estaba proyectado, capaz de asumir toda la Atención Especializada del Área de Vigo, y ser referencia de otras Áreas para ciertas patologías complejas.
Povisa podría quedar como centro privado y readaptarse, ya que muchos de sus profesionales tendrían cabida en el Nuevo gran hospital público.

En 20 años
NHV con financiación pública………….590 M euros
NHV PFI………………………………………...1800M + 180M + 1700 millones.
EN TOTAL……………………………………….3680 M de euros (6,23 veces más)

Por otro lado, Povisa ha logrado no solo permanecer como hospital de Utilización Pública limitando una vez más el desarrollo de la sanidad pública viguesa, sino también, debido a su “gran influencia” sobre la Consellería de Sanidade, la libre elección de hospital para la población afectada por el Concierto Singular actual. Esta es una decisión populista para tranquilizar a la población adscrita al centro privado, pero su principal objetivo es librar al centro privado de los pacientes mayores, crónicos y pluripatológicos o con enfermedades complejas. Povisa se especializará en los pacientes y los servicios rentables y enviará al NHV los “no rentables”.
Povisa será un gran negocio y el NHV impagable y poco gobernable, buena disculpa para su privatización total, como ocurre en la Comunidad de Madrid.

El 'servicio americano de salud' de Galicia

El presidente Feijóo cedió la inteligencia del Servicio Galego de Saúde (SERGAS) a poderosas empresas estadounidenses, y como consecuencia la influencia del gobierno gallego sobre su sistema público de salud se encuentra en mínimos históricos.
Esta podría ser las causa de la reciente dimisión del gerente del Hospital de Vigo, Mario González, que presionado por la movilización ciudadana y por la exigencia de sus profesionales se ha comprometido a rescatar los servicios asistenciales de la empresa pública de gestión privada Galaria S.A., Radioterapia, Medicina Nuclear/PET y RM e integrarlos en el Nuevo Hospital de Vigo (NHV), según compromiso previo de la Consellería. Pero las empresas que controlan Galaria no están por la labor, y han ninguneado al gerente González y a la propia conselleira de sanidade.
La empresa Galaria S.A también gestiona el control de calidad y la protección radiológica, que internacionalmente se basa en el principio de “no hacer” siempre que sea posible. Sin embargo la RM de Galaria ha sido denunciada por el Consello de Contas por su ratio inexplicablemente alto de exploraciones. Además Galicia es la CCAA con mayor uso y abuso de los estudios de TAC de todas las CCAA, incluyendo Madrid y Cataluña (Consello de Contas, datos de 2012) quizás porque la protección radiológica de los pacientes del SERGAS se realiza a través de la multinacional estadounidense General Electric, la empresa propietaria de la mayor parte de los equipos de TAC de Galicia, que se audita a sí misma.

La presidenta de Galaria desde 2009, año en el que Feijóo gana la elecciones, proviene de las grandes consultoras estadounidenses Arthur Andersen y Deloitte, empresa que auditó la desastrosa fusión de Caixa Nova y Caixa Galicia. Según el Consello de Contas, también las cuentas en Galaria son poco claras.
En ese mismo año de 2009, exaltos cargos de la Xunta y Caixanova crean el fondo de capital riesgo Netaccede, gestionado por un directivo que también proviene de Deloitte. Feijóo cede a Netaccede el teléfono de cita previa del Sergas y el control de las contrataciones públicas, a través de la plataforma electrónica Vortal Conneting Bussines.
La Plataforma Vortal está constituida por las grandes empresas tecnológicas y de gestión de RRHH, que están especializadas en dispositivos electrónicos para el control presencial y la productividad de los trabajadores.
Vortal está participada por Microsoft y por Telefónica e Indra, empresas muy beneficiadas con la privatización del SERGAS, que actualmente gestionan la teleasistencia, la receta electrónica y la historia clínica electrónica. Ahora serán arte y parte en las licitaciones de servicios públicos.
La decisión más reciente de la mesa de contratación de la Xunta fue la adquisición de 10 aceleradores lineales para los hospitales gallegos por 20 millones de euros. La empresa agraciada es otra multinacional estadounidense, Varian Medical Systems (VAR), con sede en Silicon Valley (California) y vinculada a la multinacional farmacéutica Glaxo.
El primer acelerador se instalará en el Hospital Público de Lugo (HULA) a pesar de que las empresas se habían negado, dada la disminución consiguiente del negocio del centro privado que ahora atiende a estos pacientes, el Centro Oncológico de Galicia, pero Feijóo ha tenido que ceder ante la presión de la población y de los profesionales.
Los siguientes aceleradores lineales de financiación pública se instalarán en dos centros de gestión privada, el Centro Oncológico de Galicia en A Coruña y Galaria S.A. en Vigo. De esta forma el NHV, con más de mil camas, se quedará sin servicios esenciales de Alta Tecnología, como ya se ha quedado sin el laboratorio Central, adjudicado por la Xunta al fondo de capital riesgo CVC Capio, por un coste temerario (38% inferior a la media) tras la resolución de un concurso de legalidad discutible, donde varias de las empresas concursantes estaban vinculadas entre sí.
La UTE del NHV está formada por Acciona y Bankia, y todos los hospitales y servicios sanitarios públicos que gestionaba Bankia han pasado a manos de la aseguradora sanitaria estadounidense Centene Corporation, que probablemente también gestionará el NHV cuando entre en funcionamiento, a pesar de sus preocupantes antecedentes, tanto en relación con su gestión como con el trato de sus asegurados.

El Grupo Centene está vinculado a Microsoft, Arthur Andersen y al partido Republicano de EEUU. En su junta directiva se encuentra Tommy George Thompson, ex secretario de sanidad de George Bush y presidente de la rama sanitaria de Deloitte hasta 2011. Su campaña electoral fue fuertemente financiada por la gran empresa tabaquera Philip Morris.
La compañía farmacéutica gallega Zeltia está asociada a la multinacional estadounidense Johnson & Johnson (Janssen). Su medicamento estrella es Yondelis, que Zeltia comercializa en España y Europa y Janssen en EEUU. El fármaco antitumoral Yondelis está incluido en la lista Prescrire de medicamentos nocivos.
También los institutos biomédicos de investigación de los hospitales públicos del SERGAS están cogestionados por el gigante farmacéutico Johnson & Johnson/Janssen.
Además, la enorme dejación del gobierno gallego en la gestión de la sanidad pública ha facilitado la generalización de los conflictos de interés y el incumplimiento de la ley de incompatibilidades, lo que erosiona el SERGAS y merma la calidad de la asistencia. Así, los presidentes del Consejo Asesor de la Conselleira de Sanidade, de la fundación de Medicina Genómica de Galicia, o de la Asociación Española Contra el Cáncer (AECC), propietaria mayoritaria del Centro Oncológico, que además de realizar ensayos clínicos gestiona el registro del cáncer de los pacientes gallegos, están vinculados a la industria farmacéutica.
Fondos de inversión y multinacionales estadounidenses
El gobierno gallego ha traspasado la gestión de la sanidad pública de Galicia a fondos de inversión y a multinacionales estadounidenses, que han aterrizado en Galicia de la mano del presidente Feijóo.
La sanidad de EEUU no es un buen modelo, ya que es la más privatizada, la más ineficiente y la más injusta, pero también es la que más gasta, un 17% del PIB, casi el doble del gasto sanitario en España, lo que supone un enorme nicho de negocio para las empresas privadas.

Estas empresas, además de ingentes beneficios económicos, conseguirán algo de enorme interés para la industria sanitaria, el control de la investigación y de los datos genéticos y de salud de la población gallega, abriendo el camino a uno de sus principales objetivos, convertir a Galicia y otras regiones turísticas de España en referentes mundiales para el turismo sanitario de alto nivel, incluyendo los trasplantes de órganos y tejidos.
El futuro de la sanidad pública está en grave peligro. Los partidos que se presentan a las elecciones deberán aclarar su política sanitaria y sus alternativas para revertir la cesión ilegítima de nuestro sistema sanitario, que el tratado trasatlántico (TTIP) tratará de blindar. No hay tiempo que perder.

La Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública (FADSP) acaba de hacer público su segundo Informe sobre Privatización Sanitaria en 2015, del que se desprende que  Madrid, Catalunya, Galicia y Baleares se mantienen como las comunidades con un mayor grado de privatización en sus servicios.

Tras estas comunidades en las que la privatización es elevada, se situarían Canarias, País Vasco, Aragón, Castilla y León, Comunidad Valenciana, Cantabria, Navarra y La Rioja (por orden), con un grado de privatización intermedio. En lo que respecta a los niveles más bajos, destacan Andalucía, Asturias, Castilla-La Mancha y Extremadura; todas repiten respecto al primer informe.
La FADSP ha señalado en el informe que la falta de transparencia informativa “es uno de los grandes déficit de nuestro sistema sanitario, de manera que resulta complicado obtener datos concretos de las administraciones sanitarias y más aún si se pretende que sean homogéneos para todas las CCAA. Con estas limitaciones hemos analizado, con los datos disponibles el grado de privatización de los servicios sanitarios de las CCAA para establecer la diferencia que puede existir en este aspecto”.
Además, han señalado varias conclusiones a tener en cuenta sobre el mismo. “La primera es que el proceso de privatizaciones continúa en prácticamente todas las CCAA por lo que las posiciones relativas han tenido cambios mínimos”. En comparación con el Informe anterior, las 5 CCAA más privatizadas  son las mismas (Madrid, Cataluña, Galicia,  Baleares y Canarias)  y ha habido algún cambio en las 4 con menor nivel de privatización  que en 2015 son: Andalucía, Asturias, Castilla la Mancha y Extremadura.
También apuntan a que el gasto sanitario privado se ha incrementado en un 7,3% en el último año y ello se debe fundamentalmente a los copagos y a los recortes en la Sanidad Pública (se produjo un recorte presupuestario de las CCAA del 13,7% entre 2009 y 2013), observándose un mayor aumento del gasto privado allí donde más disminuyeron los presupuestos públicos. Y los datos se corresponden de manera fundamental a 2013 y algunos a 2014 por lo que, previsiblemente se habrán modificado a peor en la mayoría de las CCAA, ya que ha continuado el impacto de las políticas privatizadoras.