Estamos asistiendo estos días al juicio al señor Mas y a dos personas mas que formaban parte de su gobierno Irene Rigau y Joana Ortega por desobedecer al Constitucional y convocar un referéndum ilegal. No debería haberse llegado a este extremo, pero la ley es la ley y es igual para todos. Hasta aquí hemos llegado por la falta de entendimiento entre dos gobiernos que se niegan a hablar y a escucharse, y es una vergüenza para los dos tener que llegar a estos extremos. El señor Mas y y las señoras Irene Rigau y Joana Ortega se enfrentan a penas de 10 años de inhabilitación para cargo público así como a una multa. Ya veremos en que queda todo esto.
El señor Mas ha llegado acompañado de unas 40.000 personas que lo apoyan en un claro desafio a la justicia y un intento de intimidación, e incluso ha conminado a los funcionarios catalanes a que pidan el dia libre para que lo acompañen en su paseo hasta el juzgado, si a esos funcionarios a los cuales todavía no les han pagado lo que le deben cuando los demás funcionarios de todas las administraciones ya han cobrado, y es que no olvidemos que Cataluña es la comunidad mas endeudada de España, lo cual no les impide gastar unos 200.000€ en propaganda para anunciar una conferencia en el parlamento Europeo para dar a conocer sus posiciones independentistas Se ha permitido el lujo de llegar al juicio 30 minutos después de la hora señalada lo que evidencia su total desprecio y falta de respecto a la justicia.
Las personas llamadas a votar es decir con derecho a votar en dicho referéndum suponen un total de 6.228.531 personas de las cuales acudieron a votar 2.305.290 personas lo cual representa un 37,02%. ni la mitad de las personas con derecho a voto han acudido a ejercer su derecho. De los que si han votado se desprende que un 80,76% están a favor de que Cataluña sea un estado independiente.
Los datos nos dicen que realmente en Cataluña solo alrededor de un 30% de la población esta a favor de la independencia. De todo esto se desprende otra cuestión muy importante y de la que se habla poco o nada. ¿Qué mayoría seria necesaria para poder declarar la independencia?El president de la Generalitat, Carles Puigdemont, asegura que “para declarar la independencia, el sí en el referéndum debe ganar con el 50% más uno de los votos “. Yo no creo que sea justo condenar a la mitad de los catalanes a vivir en una situación de independencia que no desean. Lo deseable seria que una amplia mayoría de los catalanes quisieran la independencia, por lo cual seria necesario un debate político entre las partes con el fin de determinar que mayoría seria la necesaria para declarar la independencia, esto contribuiría a la creación de una nueva nación fuerte donde todos se sintiesen integrados plenamente, Cataluña tiene que convencer a los Estados miembros de la Unión Europea, y al resto del mundo, de que la población catalana se ha expresado claramente, legítimamente y muy mayoritariamente en un proceso democrático a favor de la independencia, a mi entender creo que para lograr la independencia seria necesario una mayoría de 2/3 que demostrase el firme deseo de independencia del pueblo catalán.
Poco se habla de economía en todo este proceso y la realidad es que muchas empresas ya se han manifestado a favor de abandonar Cataluña si prospera la propuesta independentista,la realidad es que muchas ya lo están haciendo,más de 3.000 empresas se han ido de Cataluña desde el inicio del desafío secesionista y la sangría continua, muchas de estas empresas han trasladado sus sedes a Madrid.
Mal veo a este futuro país con este panorama por no hablar de los problemas a la hora de exportar lo cual añadirá problemas de competitividad a las empresas que se queden que tendrán que pagar mas impuestos a la hora de enviar sus productos a otros países de la UE.
Bueno y volviendo al tema judicial el señor Mas le espera una primavera entretenida judicialmente hablando, varios ex altos cargos de su partido se pasaran por el juzgado para ver que pasaba con eso de las comisiones del 3% de la adjudicación de obras que servían para financiar al partido y a ellos mismos y es que hablando de corrupción los catalanes se llevan la palma.
El problema de Catalunya no es, por supuesto, España, ni la crisis económica. El problema de los catalanes es la corrupción pública, instalada en los pliegues de la clase política dominante y de las estructuras administrativas autonómica y municipal. La corrupción en Catalunya es sistemática y metódica, a escala industrial, y elevada a categoría identitaria desde que Pasqual Maragall espetara a CiU aquello de 'su problema se llama 3%'. También se llama Millet, Palau, ITV o Pretoria. Ahora, a raíz de la operación Mercurio, se ha destapado una práctica consolidada de cobro ilegal de cantidades por más de cuarenta alcaldes, abonadas por la Federación de Municipios de Catalunya bajo la apariencia de dietas. La trama ya está siendo objeto de investigación judicial e implica principalmente a alcaldes del PSC y ERC, aunque también hay ediles de CiU, ICV y el PP. La cifra malversada superaría los 450.000 euros y correspondería a pagos efectuados entre 2011 y 2012. Algunos alcaldes señalados por estos cobros aparentemente ilegales ya han anunciado su disposición a devolverlos. Otros lo han hecho ya. Unos y otros son los menos, y aunque hubiera un acto colectivo de arrepentimiento y devolución del dinero la investigación debería continuar, porque es inconcebible que, en una sociedad sacudida por la crisis económica y la corrupción, sea tan sencillo disponer arbitrariamente de fondos públicos.
La corrupción municipal es un frente abierto al que nadie da respuesta cumplida; menos aún quienes, como Artur Mas, prefieren echar balones fuera y decir que es España la que roba. Cuando la justicia interviene ya es tarde, y cuando lo hace exhibe la ineficacia de un sistema carente de controles. España es un país cargado de normas administrativas, cuerpos de funcionarios interventores, tribunales y cámaras de cuentas y fiscalías anticorrupción. El resultado de semejante armadura legal es decepcionante. Y si la prevención falla la respuesta política se queda igual de corta, especialmente en una Catalunya abonada al escándalo y la impunidad. La Administración municipal necesita una urgente reconversión, con una sensible reducción del número de ayuntamientos y con un poder estatal de intervención en competencias como las urbanísticas y las presupuestarias. La famosa reforma de la Administración Pública no ha hecho acto de presencia en este capítulo negro de la corrupción en España. Entretanto, los impuestos que pagan los ciudadanos también van destinados a tapar agujeros que se abren con actos de corrupción como los descubiertos en Catalunya, no a financiar la necesaria solidaridad entre españoles. Acabar con la corrupción no es responsabilidad solo de jueces, fiscales y policías; también de las instituciones democráticas, mediante reformas agresivas contra los focos corruptores instalados en la Administración.
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